El Defensor del Pueblo investiga los retrasos de la Renta de Emancipación

Los afectados por los retrasos en los pagos de la Renta Básica de Emancipación han llamado a la puerta del Defensor del Pueblo. Fuentes de la Institución han confirmado que, desde que comenzó el año, han recibido “una avalancha de reclamaciones”, de las cuales ya están en trámite cerca de 170.
Los hechos denunciados por los ciudadanos han llevado a la figura del Estado a abrir una investigación para esclarecer varios frentes. Por un lado, los consabidos retrasos, especialmente en la Comunidad de Madrid –que llegan a acumular más de medio año de demoras– que se podrían estar evitando. Sobre este particular, indaga la operatividad del sistema informático y las trabas burocráticas en la petición de requisitos a los jóvenes, aplazando la tramitación mediante varias visitas en ventanilla.
Por otro lado, el Defensor también mantiene abiertas las pesquisas para conocer por qué se suspenden de forma repentina y sin previo aviso, los pagos a beneficiarios que venían cobrando desde hace meses.
Pero quizá lo más llamativo es que la Institución plantea entre sus hipótesis que la renta de emancipación podría estar modificando el panorama natural del mercado inmobiliario, favoreciendo la subida del precio del alquiler de aquellas viviendas que se alquilan mediante las ayudas, lo que en última instancia no favorece a los beneficiarios, y perjudica a los interesados. La estrategia del arrendatario consistiría en aumentar el precio inicial cerca de 200 euros a sus inquilinos jóvenes y con posibilidad de recibir este ingreso.
Expertos del portal inmobiliario Idealista reconocen que se está creando un subsegmento dentro del mercado de la vivienda, destinado a un público muy concreto, compuesto por jóvenes con un tope salarial de 22.000 euros. No obstante, su jefe de estudios, Fernando Encinar, cree que “aunque los precios se estén elevando para este grupo, la tendencia no se ha transferido al resto del mercado, que permanece estancado –como el de compraventa– con bajadas reales respecto al IPC”.
Contra el fraudeDesde el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) consideran que esta ayuda, con deducciones para arrendatario e inquilino, ha permitido aflorar una parte de la economía sumergida. Su secretario general, José María Mollinedo, asegura que, según sus estimaciones, hasta el año 2006, la mitad de las viviendas alquiladas en España no estaban declaradas, aunque sí se ha detectado una mejoría en las comunidades que tienen ventajas fiscales para ambas partes y cuando son contratos estables en el tiempo”.
El incremento del parqué de inmuebles en alquiler no ha pasado inadvertido para Hacienda. Ya se ha aprobado el reglamento para poner en funcionamiento las medidas de prevención contra el fraude, mediante el registro de los suministros de luz, agua y gas. A éstos se aplicará una referencia catastral de manera que, cruzando bases de datos, se pueda observar qué viviendas declaradas como vacías están haciendo uso de estos servicios. Aún no está en marcha, pero está previsto que comience a aplicarse desde la industria eléctrica.

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