El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto de competencias entre la Comunidad Valenciana y el Gobierno sobre la Renta Básica de Emancipación (RBE), ayuda al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes. La Generalitat ha presentado este recurso para evitar que 1.600 jóvenes beneficiarios en la región tengan que devolver esta ayuda al alquiler.
Fuentes de la Generalitat han hecho pública esta decisión del TC a través de un comunicado, en el que han denunciado que el Real Decreto 1260/2010 modifica la regulación de la RBE e impone un procedimiento de reintegro exhaustivo que invade las competencias autonómicas en vivienda.
La directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, María Jesús Rodríguez, ha criticado que el Ministerio "ha decidido cambiar la normativa para obligar a las comunidades autónomas" a reclamar la devolución de la ayuda a jóvenes que en el momento de la concesión de la ayuda cumplían los requisitos marcados por la normativa.
Rodríguez ha rechazado el modelo de selección que se emplea en la RBE, que tiene en cuenta los ingresos del año en curso y que según ha considerado "no prevé que a lo largo del año pueden percibirse retribuciones extraordinarias".
La directora general ha asegurado que el Gobierno ha decidido pedir reintegros a algunos beneficiarios después de cruzar los ingresos declarados con los datos posteriores de Hacienda y comprobar que "miles de casos superan el límite de 22.000 euros" establecido en las bases para obtener estas ayudas. De este modo, Rodríguez considera que la normativa del Gobierno está generando una situación "angustiosa" para muchos jóvenes valencianos ya que "años después y en algunos casos con intereses, el Estado les reclama la devolución de lo que les correspondía según la normativa inicial".
El conflicto de competencias planteado por el gobierno valenciano se centra en los artículos 3 y 4 del nuevo Real Decreto. El primero atribuye al Ministerio de Fomento la competencia para suspender de forma cautelar la orden de pago de las ayudas, mientras que el punto 4 añade nuevos plazos a los ya establecidos en la propuesta original para que el beneficiario acredite el cumplimiento de los requisitos o para subsanar los defectos que dieron lugar a una suspensión cautelar.
La Generalitat ha denunciado que el Estado asume el control del pago de esta ayuda pero traslada a las autonomías su tramitación mediante "una regulación minuciosa y uniforme" que, en su opinión, vulnera la doctrina del TC sobre la gestión de las subvenciones a cargo de fondos estatales que dicta que, en principio y por regla general, corresponde a las comunidades autónomas, siendo la excepción su gestión centralizada.
Fuente .
Mostrando entradas con la etiqueta Recurso RBE Tribunal Constitucional. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Recurso RBE Tribunal Constitucional. Mostrar todas las entradas
jueves, 24 de marzo de 2011
martes, 28 de diciembre de 2010
Valencia se une a Madrid en su lucha contra Corredor
El pleno del Consell de la Comunidad Valenciana ha acordado interponer un requerimiento de incompetencia al Gobierno por el real decreto que modifica la regulación de la Renta Básica de Emancipación (RBE). Con esta decisión, El Ejecutivo trata de evitar, según la portavoz del gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, que 1.600 jóvenes valencianos tengan que devolver esta ayuda en los próximos años.
Fomento, de quién ahora depende las competencias de vivienda, reclama la devolución de las ayudas a jóvenes que han excedido el límite de ingresos fijado en 22.000 euros, cuando, según el gobierno regional, pueden deberse al pago de horas extras, gratificaciones no habituales o, incluso, indemnizaciones por despido. En total, cada beneficiario de esa ayuda puede verse obligado a devolver una media de 2.500 euros.
"La Generalitat considera que se están invadiendo sus competencias en materia de Vivienda al regular de forma exhaustiva y desmesurada cuestiones procedimentales y de mera tramitación", recalca Sánchez de León.
Con este movimiento, la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía que recurre la RBE tras Madrid. La comunidad presidida por Esperanza Aguirre presentó un conflicto de competencia al Constitucional al considerar que la RBE invadía competencias municipales. La sentencia del Tribunal entiende que el Estado es competente para crear y regular la RBE y avala también que el Estado destine fondos para cubrir las ayudas y determine su cuantía, plazos y requisitos de los beneficiarios. Por lo tanto limita la competencia de las comunidades a la gestión de las ayudas.
Fuente .
Fomento, de quién ahora depende las competencias de vivienda, reclama la devolución de las ayudas a jóvenes que han excedido el límite de ingresos fijado en 22.000 euros, cuando, según el gobierno regional, pueden deberse al pago de horas extras, gratificaciones no habituales o, incluso, indemnizaciones por despido. En total, cada beneficiario de esa ayuda puede verse obligado a devolver una media de 2.500 euros.
"La Generalitat considera que se están invadiendo sus competencias en materia de Vivienda al regular de forma exhaustiva y desmesurada cuestiones procedimentales y de mera tramitación", recalca Sánchez de León.
Con este movimiento, la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía que recurre la RBE tras Madrid. La comunidad presidida por Esperanza Aguirre presentó un conflicto de competencia al Constitucional al considerar que la RBE invadía competencias municipales. La sentencia del Tribunal entiende que el Estado es competente para crear y regular la RBE y avala también que el Estado destine fondos para cubrir las ayudas y determine su cuantía, plazos y requisitos de los beneficiarios. Por lo tanto limita la competencia de las comunidades a la gestión de las ayudas.
Fuente .
jueves, 8 de octubre de 2009
Admitido a trámite por el Constitucional el conflicto de competencias por la RBE planteado por la Comunidad de Madrid
Continúa la batalla de la Comunidad de Madrid contra el Gobierno por el conflicto de competencias sobre las ayudas al alquiler para jóvenes :
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia que ha promovido la Comunidad de Madrid frente al Gobierno central por la modificación del Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación (RBE), al considerar que la normativa estatal invade las competencias exclusivas que el orden constitucional de competencias atribuye al Gobierno regional en materia de vivienda.
Así lo anunció hoy el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Ignacio González en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde señaló que el Tribunal Constitucional notificó a la Comunidad el 29 de septiembre que admitía a trámite la impugnación que ésta presentó el pasado mes de julio sobre la modificación del Real Decreto que regula la RBE que acordó el Ministerio de Vivienda.
La Comunidad presentó este conflicto positivo de competencia después de que el Consejo de Ministros rechazara el requerimiento de incompetencia interpuesto por la Comunidad en junio por la modificación ministerial del Real Decreto que regula la RBE.
Ahora, según explicó González, el Tribunal Constitucional admite a trámite y traslada a su Sala Segunda el conflicto positivo de competencia presentado por la Comunidad en relación con la derogación del Real Decreto (366/2009) que modifica otro Real Decreto (1472/2007) por el que se regula la RBE, la ayuda mensual de 210 euros para los jóvenes de hasta 30 años.
Tras comunicar su decisión a las partes, el Tribunal Constitucional insta al Gobierno de la nación a que presente, en el plazo de 20 días, las alegaciones que considere oportunas.
FUERA DE SUS COMPETENCIAS
En opinión del Gobierno regional, con el Real Decreto modificado subsisten los motivos del conflicto de competencias promovido por la Comunidad de Madrid y se sigue vulnerando el orden constitucional de competencias.
Así, el Ejecutivo autonómico considera que el Gobierno central no sólo se extralimita en sus competencias sino que condiciona la política de vivienda de la Comunidad de Madrid e impone obligaciones a las Comunidades Autónomas para asegurar la aplicación de la RBE.
El conflicto positivo de competencia presentado por la Comunidad no significa que el Gobierno regional haya solicitado la suspensión de las ayudas, sino, únicamente, que se reconozcan las competencias exclusivas que en materia de vivienda detenta la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid insiste en reclamar al Ministerio de Vivienda agilizar los pagos a los jóvenes madrileños que tienen derecho a esta ayuda, ya que según los últimos datos ministeriales, un 33,6 por ciento de los jóvenes madrileños con derecho a recibir esta subvención estatal aún no la percibe, lo que afecta a un total de 11.566 madrileños que están esperando a cobrar su dinero.
La Comunidad de Madrid es la región de España en la que más jóvenes han solicitado el cobro de los 210 euros (53.265), lo que supone un 18,9 por ciento de las solicitudes recibidas en todo el país. De ellas, el Ejecutivo regional ha resuelto un 84,5 por ciento (45.061), de las que 34.416 son positivas.
SIN FACULTAD PARA EL PAGO DIRECTO
Según el Gobierno de Esperanza Aguirre, en el Real Decreto 1472/2007 se apreciaba una extralimitación de la competencia estatal y, por consiguiente, una invasión de las competencias de la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo regional considera que el Ministerio no tiene facultad para efectuar el pago directo de las ayudas ya que éste se debe realizar a través de la Comunidad. Asimismo, el Ministerio no puede atribuirse la competencia de autorizar el pago de las ayudas ni obligar a las Comunidades Autónomas a comunicar los cambios sufridos por los beneficiaros de las mismas.
Además, el Gobierno regional cree que el Gobierno central no tiene capacidad para ordenar la creación de ventanillas únicas de gestión ni decidir si la RBE es compatible con otras ayudas o deducciones regionales.
Asimismo, argumenta que el Ministerio no es competente para firmar convenios de colaboración con entidades de crédito ni establecer requisitos adicionales para conceder las ayudas.
El Gobierno regional, además, considera que el Real Decreto de modificación incidía en los vicios de inconstitucionalidad del anterior, "por lo que es impugnable en su totalidad, un exceso que subsidiariamente es apreciable en los preceptos 4, 5 y 6".
Las novedades de estos artículos que el Ejecutivo regional consideró que continuaban invadiendo sus competencias se refieren al procedimiento de concesión, la acreditación de los requisitos del solicitante, y al tratamiento de datos de los jóvenes que soliciten esta subvención.
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia que ha promovido la Comunidad de Madrid frente al Gobierno central por la modificación del Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación (RBE), al considerar que la normativa estatal invade las competencias exclusivas que el orden constitucional de competencias atribuye al Gobierno regional en materia de vivienda.
Así lo anunció hoy el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Ignacio González en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde señaló que el Tribunal Constitucional notificó a la Comunidad el 29 de septiembre que admitía a trámite la impugnación que ésta presentó el pasado mes de julio sobre la modificación del Real Decreto que regula la RBE que acordó el Ministerio de Vivienda.
La Comunidad presentó este conflicto positivo de competencia después de que el Consejo de Ministros rechazara el requerimiento de incompetencia interpuesto por la Comunidad en junio por la modificación ministerial del Real Decreto que regula la RBE.
Ahora, según explicó González, el Tribunal Constitucional admite a trámite y traslada a su Sala Segunda el conflicto positivo de competencia presentado por la Comunidad en relación con la derogación del Real Decreto (366/2009) que modifica otro Real Decreto (1472/2007) por el que se regula la RBE, la ayuda mensual de 210 euros para los jóvenes de hasta 30 años.
Tras comunicar su decisión a las partes, el Tribunal Constitucional insta al Gobierno de la nación a que presente, en el plazo de 20 días, las alegaciones que considere oportunas.
FUERA DE SUS COMPETENCIAS
En opinión del Gobierno regional, con el Real Decreto modificado subsisten los motivos del conflicto de competencias promovido por la Comunidad de Madrid y se sigue vulnerando el orden constitucional de competencias.
Así, el Ejecutivo autonómico considera que el Gobierno central no sólo se extralimita en sus competencias sino que condiciona la política de vivienda de la Comunidad de Madrid e impone obligaciones a las Comunidades Autónomas para asegurar la aplicación de la RBE.
El conflicto positivo de competencia presentado por la Comunidad no significa que el Gobierno regional haya solicitado la suspensión de las ayudas, sino, únicamente, que se reconozcan las competencias exclusivas que en materia de vivienda detenta la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid insiste en reclamar al Ministerio de Vivienda agilizar los pagos a los jóvenes madrileños que tienen derecho a esta ayuda, ya que según los últimos datos ministeriales, un 33,6 por ciento de los jóvenes madrileños con derecho a recibir esta subvención estatal aún no la percibe, lo que afecta a un total de 11.566 madrileños que están esperando a cobrar su dinero.
La Comunidad de Madrid es la región de España en la que más jóvenes han solicitado el cobro de los 210 euros (53.265), lo que supone un 18,9 por ciento de las solicitudes recibidas en todo el país. De ellas, el Ejecutivo regional ha resuelto un 84,5 por ciento (45.061), de las que 34.416 son positivas.
SIN FACULTAD PARA EL PAGO DIRECTO
Según el Gobierno de Esperanza Aguirre, en el Real Decreto 1472/2007 se apreciaba una extralimitación de la competencia estatal y, por consiguiente, una invasión de las competencias de la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo regional considera que el Ministerio no tiene facultad para efectuar el pago directo de las ayudas ya que éste se debe realizar a través de la Comunidad. Asimismo, el Ministerio no puede atribuirse la competencia de autorizar el pago de las ayudas ni obligar a las Comunidades Autónomas a comunicar los cambios sufridos por los beneficiaros de las mismas.
Además, el Gobierno regional cree que el Gobierno central no tiene capacidad para ordenar la creación de ventanillas únicas de gestión ni decidir si la RBE es compatible con otras ayudas o deducciones regionales.
Asimismo, argumenta que el Ministerio no es competente para firmar convenios de colaboración con entidades de crédito ni establecer requisitos adicionales para conceder las ayudas.
El Gobierno regional, además, considera que el Real Decreto de modificación incidía en los vicios de inconstitucionalidad del anterior, "por lo que es impugnable en su totalidad, un exceso que subsidiariamente es apreciable en los preceptos 4, 5 y 6".
Las novedades de estos artículos que el Ejecutivo regional consideró que continuaban invadiendo sus competencias se refieren al procedimiento de concesión, la acreditación de los requisitos del solicitante, y al tratamiento de datos de los jóvenes que soliciten esta subvención.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)