Valencia se une a Madrid en su lucha contra Corredor

El pleno del Consell de la Comunidad Valenciana ha acordado interponer un requerimiento de incompetencia al Gobierno por el real decreto que modifica la regulación de la Renta Básica de Emancipación (RBE). Con esta decisión, El Ejecutivo trata de evitar, según la portavoz del gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, que 1.600 jóvenes valencianos tengan que devolver esta ayuda en los próximos años.
Fomento, de quién ahora depende las competencias de vivienda, reclama la devolución de las ayudas a jóvenes que han excedido el límite de ingresos fijado en 22.000 euros, cuando, según el gobierno regional, pueden deberse al pago de horas extras, gratificaciones no habituales o, incluso, indemnizaciones por despido. En total, cada beneficiario de esa ayuda puede verse obligado a devolver una media de 2.500 euros.
"La Generalitat considera que se están invadiendo sus competencias en materia de Vivienda al regular de forma exhaustiva y desmesurada cuestiones procedimentales y de mera tramitación", recalca Sánchez de León.
Con este movimiento, la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía que recurre la RBE tras Madrid. La comunidad presidida por Esperanza Aguirre presentó un conflicto de competencia al Constitucional al considerar que la RBE invadía competencias municipales. La sentencia del Tribunal entiende que el Estado es competente para crear y regular la RBE y avala también que el Estado destine fondos para cubrir las ayudas y determine su cuantía, plazos y requisitos de los beneficiarios. Por lo tanto limita la competencia de las comunidades a la gestión de las ayudas.

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