viernes, 18 de marzo de 2011

El patinazo estatal de la ayuda al alquiler

18 de septiembre de 2007. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón, convocaban apresuradamente a los medios en el Palacio de la Moncloa para anunciar a bombo y platillo el nacimiento de la Renta Básica de Emancipación, ayuda al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes. Casi tres años después, esta iniciativa camina muy lejos de los objetivos marcados y su gestión ha sido, y sigue siendo, todo un camino de espinas tanto para los adjudicatarios de la subvención como para el Ministerio de Vivienda, ahora dirigido por Beatriz Corredor. Los números y las noticias que ha arrojado la RBE desde prácticamente su lanzamiento público el 2 de enero de 2008 hablan por sí solos. Ese mismo día, el Ministerio de Vivienda de Chacón, que asistió 'in situ' al pistoletazo de salida de la iniciativa, informó a través de una nota de prensa que este departamento estimaba que 360.000 jóvenes se beneficiarían de la ayuda sólo durante 2008.

A día 30 de junio de 2010, y según datos oficiales acumulados, sólo 213.257 han disfrutado de la RBE durante sus dos años y medio de vida. Esta cifra, además, refleja el número total de expedientes (hay jóvenes que han cobrado la renta en más de una ocasión por cambio de vivienda u otras circunstancias).

Evidentemente, tras esta estimación del Gobierno también había presupuestado un gasto. En septiembre de 2007, Zapatero y Chacón hablaron de un desembolso de 436,5 millones de euros al año para la ayuda de 210 euros al alquiler. Esta previsión, en la misma línea que el número de beneficiarios, también fue demasiado optimista: ni en dos años se alcanzó dicha cifra. Así, el 31 de diciembre de 2009 ascendía a 390,3 millones.

Ha sido en 2010 cuando parece que el ritmo de la RBE ha aumentado ya que el gasto en esta partida ha engordado hasta los 490,9 millones (480,4 destinados al abono de las mensualidades). Calculadora en mano, y basándonos en un incremento de costes de 30 millones al mes para las arcas de Vivienda, actualmente, alrededor de 150.000 jóvenes estarían recibiendo los 210 euros.

Pero más allá de los números, que dejan en evidencia al Ejecutivo, quizá lo más preocupante han sido los innumerables contratiempos a los que se ha tenido que enfrentar la RBE durante su corta vida. Estos ponen de manifiesto la falta de previsión y constatan que la iniciativa se fraguó atropelladamente.

Primero fue la batalla entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Madrid por los problemas informáticos -también con otras CCAA-, luego vino la necesidad 'olvidada' de presentar el certificado de haberes, más tarde la falta de control de las deudas de los jóvenes, después la traba de los ex inquilinos RBE, la utilización privada de una ayuda pública, la obligación de los mileuristas que la percibían a hacer la Declaración de la Renta por los 210 euros -que dejaban de serlo-, un error de la web del Ministerio dio acceso a los datos personales de los beneficiarios, jóvenes que cobraban la ayuda sin tener derecho a ella y que tendrán que reintegrar con intereses de demora, etc.

Todos estos imprevistos se han traducido en un 'vía crucis' de retrasos en los pagos -por los que incluso la actual ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha pedido disculpas- que han superado en ocasiones los dos años. La falta de información ha sido, como ha indicado el Defensor del Pueblo -que ha recibido una cascada de quejas al respecto-, el gran lastre de la RBE durante este periodo. Una falta de información que se ha plasmado recientemente en el desconocimiento por parte de los jóvenes de solicitar junto a sus pagos retrasados el desembolso de intereses, al que está obligado por ley el Gobierno.

Corredor, que tomó el relevo de Chacón en abril de 2008 -apenas cuatro meses después del nacimiento de la RBE-, ha tenido que cargar con esta herencia de despropósitos en la que se ha convertido, por momentos, la RBE. Consciente de todos los problemas que conllevaba, Corredor trató de reconducir la ayuda estatal al alquiler e impulsó un nuevo Real Decreto, que modificaba el de 2007, para agilizar su gestión en abril de 2009. Una acertada decisión que sirvió para aminorar de polémicas a la RBE, pero no la despojó por completo, sobre todo, de las futuras.

En una entrevista reciente concedida por la ministra a SU VIVIENDA, la ministra reconoció que se trata de "una operación compleja y que sobre la marcha se han ido viendo cosas que se podían mejorar". "Desde su entrada en vigor, hemos tomado muchas medidas para reforzarla, agilizando los pagos y mejorando el sistema de información de los jóvenes (portal para beneficiarios PIBE). Todos estamos haciendo el esfuerzo para que sea lo más ágil posible. Además, si hay problemas, el beneficiario siempre cobra con carácter retroactivo", apuntaba la ministra. Ésta, al ser preguntada por si creía que quizá se gestó de forma precipitada, se limitó a responder: "Yo no estaba ahí".

Respecto al futuro de la RBE, éste parece más que incierto una vez que cumpla cuatro años. Según el Real Decreto de 2007 que la regula, "esta medida tiene carácter coyuntural y su mantenimiento o configuración están supeditados a la valoración periódica de su eficacia para lograr los objetivos para los que ha sido concebida". En el mismo texto, se apunta que "transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor, se evaluará por el Gobierno y por las CCAA en Conferencia Sectorial, la continuidad de las ayuda".

Todo apunta, en este marco de crisis y recortes, a su desaparición a finales de 2011, aunque el presidente del Gobierno, amante del alquiler, la tiene muy presente y siempre que puede aprovecha para ensalzarla. Además, en contra de lo ocurrido con el 'cheque-bebé', la RBE ha salido, como casi el 100% de la partida de Vivienda, indemne del Plan de Austeridad anunciado por Zapatero.

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