El Tribunal Constitucional avala la ayuda al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la Renta Básica de Emancipación (RBE), ayuda al alquiler para jóvenes de 210 euros mensuales, y la competencia estatal sobre esta subvención al desestimar el recurso contra la práctica totalidad del decreto presentado por la Comunidad de Madrid.
El Alto Tribunal reconoce la competencia estatal para crear y regular la RBE y únicamente admite los argumentos autonómicos en aspectos procedimentales sobre la gestión y el pago de la ayuda, según afirma el Ministerio de Fomento a través de un comunicado.
Una lectura muy diferente de la resolución hace la Comunidad de Madrid, desde donde se destaca la parte de la sentencia que apunta a que "el procedimiento para la puesta en marcha de la RBE, vía convenio, vulnera las competencias autonómicas". "El Estado no puede condicionar el ejercicio de las competencias autonómicas a la firma de un convenio", se puede leer en la página 16 del documento judicial.

Tras conocer el fallo, la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado que los jóvenes madrileños que cobran o tienen derecho a la ayuda "seguirán percibiendo los 210 euros para el alquiler, independientemente de quien realice el trámite de abonar los fondos estatales".
Asimismo, el Tribunal avala que el Estado pueda destinar fondos para sufragar esta subvención, determinar las condiciones generales de la misma, su cuantía, plazos y requisitos de los beneficiarios y aprobar las disposiciones generales para el desarrollo, ejecución y cumplimiento del Real Decreto que regula la ayuda. El Gobierno ya modificó la normativa original de 2007 para agilizar la tramitación de la RBE.
Corredor ha defendido que la medida de la RBE fue "constitucional, necesaria y oportuna" y ha explicado que "el Tribunal Constitucional sólo ha admitido los argumentos de la Comunidad de Madrid en cuanto a la gestión de las ayudas y los pagos, es decir, respecto a aspectos procedimentales o formales, pero se desestima el recurso contra la totalidad del Real Decreto".

En este sentido, ha anunciado que el Gobierno está estudiando la sentencia y que, "si es necesario, se diseñará un nuevo modelo de gestión adaptado al fallo del Constitucional". La sentencia responde a una impugnación planteada por la Comunidad de Madrid y por tanto no cabe extender sus efectos más allá del ámbito territorial de dicha Comunidad.

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