El Defensor del Pueblo confirma con datos lo dicho en esta página desde su inicio

Adjunto noticia que acaba de salir sobre los reclamaciones que ha recibido sobre la RBE durante el 2008 el Defensor del Pueblo . Interesante noticia , porque destaca casi punto por punto lo que se lleva denunciando en esta página desde su inicio . Especialmente hincapié en el hecho de que reconoce el error de la Comunidad de Madrid en no pedir los mismos documentos que otras Comunidades , una de las cosas denunciadas aquí desde el primer momento , alargando así los trámites .

Lástima que sólo se queda en una nota pública del Defensor del Pueblo y de poco más vaya a servir , ya que no se comenta nada de sanciones por los retrasos injustificados y la mala gestión de las Comunidades .
De todas formas siempre es interesante que se publicite lo que está sucediendo realmente con la RBE. Aunque es un gran reconocimiento a los que llevamos tiempo diciendo esto , y esta Web , considero que se ha quedado corto en sus comentarios y ha sido demasiado politicamente correcto .

El Defensor del Pueblo recibe 385 quejas por fallos en las ayudas al alquiler

El Defensor del Pueblo recibió el año pasado 385 quejas por los fallos de gestión de la Renta Básica de Emancipación (RBE), ante lo que concluyó que ninguna de las administraciones concernidas reconoce su responsabilidad en dichos errores, si bien están intentando solucionar las incidencias.

En su informe anual correspondiente a 2008, el Defensor del Pueblo señala que de todas las quejas presentadas -la mayoría por retraso en el pago de dicha renta o por la interrupción de su ingreso- fueron admitidas a trámite 153 protestas: 98 por actuaciones del Ministerio de Vivienda y 55 de las comunidades autónomas, la mitad de la Comunidad de Madrid.

La RBE, ayuda al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes de entre 22 y 30 años que se puso en marcha en enero de 2008, se está pagando a 99.323 personas, aunque más de 158.000 cuentan con una resolución positiva, según datos del Ministerio de Vivienda a 31 de marzo.
Las quejas sobre la tardanza en cobrar esta subvención se refieren tanto a la lentitud de las comunidades autónomas a la hora de resolver las solicitudes, como a la demora del Ministerio de Vivienda para dar la orden de pago una vez realizadas las comprobaciones pertinentes.

Tras su investigación, el Defensor del Pueblo concluye que no sólo "ninguna de las administraciones concernidas ha reconocido su responsabilidad" en las incidencias constatadas, sino que además se trasladan la culpa unas a otras.

La institución no comprende cómo, teniendo constancia de las resoluciones resultas positivamente por parte de las comunidades autónomas, el Ministerio de Vivienda no se interesa por su tramitación a cargo de las entidades bancarias cuando "tras un tiempo razonable" no reciben de éstas el identificador de la resolución.

Para el Defensor del Pueblo, esta "inactividad y falta de diligencia" no está justificada y cobra mayor importancia por la "deficiente información" que se facilita a los beneficiarios en el departamento de Beatriz Corredor sobre la situación de sus expedientes.

Asimismo, el informe constata "el gran retraso" con el que la Comunidad de Madrid dicta sus resoluciones, rebasando ampliamente el plazo de dos meses previsto para pronunciarse, y rechaza las justificaciones ofrecidas por el gobierno regional.

El atraso se produce fundamentalmente porque el impreso oficial de solicitud de la Comunidad de Madrid no incluye la necesidad de adjuntar un certificado de haberes para comprobar si el solicitante dispone de una fuente regular de ingresos, lo que motiva su posterior requerimiento transcurrido el plazo de dos meses.

No obstante, el Defensor del Pueblo explica que, en atención a su sugerencia, la Comunidad de Madrid ha mejorado el impreso de solicitud y el Ministerio de Vivienda ha ampliado los mecanismos de verificación automática de los requisitos, con lo que espera que en lo sucesivo se reduzcan las quejas.

El informe se refiere también al daño moral que todas estas incidencias han causado a unos jóvenes que en muchos casos justificaron su decisión de salir del domicilio familiar en las ayudas del Gobierno y tuvieron que "abortar la iniciativa" al no conseguir la subvención en el tiempo estimado.

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