La Comunidad Valenciana no pedirá a los jóvenes que devuelvan la RBE

La Comunidad Valenciana ha sido la primera en hacer saltar la liebre. Después de que el Ministerio de Vivienda detectara el pasado mes de agosto que unos 8.000 jóvenes a los que se les había concedido la Renta Básica de Emancipación (RBE) en 2008 superaron el requisito de ingresos y que avisara a muchos de ellos para que devolvieran esta ayuda, la Generalitat se ha pronunciado en contra.

La directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos del Gobierno valenciano, María Jesús Rodríguez, ha asegurado que la Generalitat no va a pedir a los jóvenes de la Comunidad que devuelvan las ayudas de la RBE que exige el Ministerio de Vivienda porque "esta decisión perjudica gravemente y va en contra de los intereses de los jóvenes valencianos en un momento de crisis en el que esta medida es si cabe todavía más desafortunada".
Según ha declarado, el Ministerio de Vivienda "no sabe de dónde recortar gastos" y ha criticado que, además de suprimir y reducir ayudas del Plan de Vivienda para la Comunidad Valenciana por importe de 250 millones de euros, ahora quiera que unos 1.200 jóvenes de la región que recibieron una ayuda para pagar su alquiler la devuelvan.
Para el Gobierno central, ha subrayado, "no es suficiente con incumplir los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas, sino que también se dedica a hostigar al ciudadano".

La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha presentado las alegaciones al borrador del Real Decreto por el que se modifica la actual normativa de la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes.
En el documento, remitido al Ministerio, se alega que la Comunidad no puede asumir la obligación de tramitar y resolver el procedimiento de reintegro, sino que sólo actúa como mera notificadora de la resolución.

Además, considera que el proceso de reintegro incurre en una complejidad administrativa que no tiene razón de ser, al convertir a las ventanillas únicas en un inspector fiscal con una asunción de competencias que, de ninguna forma, debería producirse.
En todo caso, la Consejería considera que debería ser la propia Agencia Tributaria quien cree un servicio para recaudar los supuestos fondos indebidamente percibidos ya que, finalmente, dichos fondos irán a engrosar las arcas estatales y éste es el organismo que dispone de los recursos para realizar esta función.

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